La transparencia en la actuación de las diferentes administraciones es un principio básico que se debe respetar en toda sociedad democrática y pluralista. Por tanto, el ejercicio del derecho de acceso a los documentos constituye uno de los derechos democráticos básicos de cualquier ciudadano, además de proporcionar una fuente de información que ayuda a conformar la opinión y, a su vez, fomenta la integridad, eficacia y responsabilidad de los poderes públicos. Como consecuencia, los documentos deben ser accesibles y sólo en determinados casos puede restringirse su acceso con el fin de proteger la seguridad y defensa del Estado y los derechos de las personas.
Si bien estos principios aparecen recogidos en el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, así como en las diferentes leyes nacionales de libertad de información, en nuestro país falta una regulación específica sobre el tema. Por ello, la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL) para su VI Congreso de Archivos, que se celebrará en Valladolid del 9 al 11 de mayo de 2012, se ha planteado la necesidad de reflexionar sobre estos aspectos que conforman un nuevo marco para el acceso a la información contenida en los documentos de archivo.
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